Algo que se sabía a voces y el caso de corrupción de Odebrecht lo ha sacado a la luz es el problema del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Las organizaciones y los candidatos necesitan dinero para hacer campaña y muchas veces, por el escaso control que se puede hacer del financiamiento, las campañas electorales se hacen con dinero de empresas que buscan dádivas del estado o de mafias empresariales, narcotráfico y minería ilegal.   

Odebrecht buscaba financiar campañas de algunos políticos para tener influencia después en el gobierno. El ejemplo claro son los 3 millones que le dio a Nadine Heredia para la campaña del partido nacionalista, además, conforme lo señaló el mismo Marcelo Odebrecht, se buscaba financiar a TODOS los candidatos que tenían opciones electorales. Esto es algo que ha existido desde antes que estalle el escándalo y no es un tema aislado.

Hugo Neira afirmó crisis institucional en la que vive el Perú “es más grave que Sendero”, pues las mafias están ingresando a la política y a diversas entidades del estado. La afirmación de Neira es preocupante en exceso. No es algo que se deba tomar a la ligera ni mucho menos desestimarla.

La crisis institucional en la que vive el país responde a varios factores, pero, entre ellos y en una buena medida, al sistema de partidos políticos y al sistema electoral y dentro de ello, al financiamiento de las organizaciones políticas y los gastos en campaña.

Las campañas son excesivamente onerosas para las organizaciones políticas y para los candidatos, lo que les obliga a buscar dinero y generar recursos. Asimismo, las leyes electorales son muy débiles en los controles de financiamiento y esto hace que ciertas mafias, con aporte de dinero, puedan meter candidatos involucrados en actividades ilícitas o financiar candidaturas que serán aliados en un futuro gobierno.

Antes de Odebrecht, por ejemplo, tuvimos un congresista, Amado Romero, con fuertes denuncias de estar involucrado con la minería ilegal y a su partido se le acusa de haber sido financiado por dinero proveniente de esa actividad ilícita. El ex congresista se opuso a toda acción y reforma que se trataba de hacer para combatir la minería ilegal; Las ex congresistas Elsa Malpartida y Nancy Obregón siempre se opusieron tenazmente a la erradicación de la hoja de coca destinada para actividades ilícitas, hoy están presas por vínculos con el narcotráfico. De estos ejemplos hay muchos a nivel nacional, regional y local. Asimismo, en las campañas electorales aparecen los proveedores, buscando al mejor postor para financiar su campaña y después recuperar lo invertido en contrataciones con el estado. He aquí una de las primeras fuentes de la corrupción.

Además, en la política peruana cualquier persona puede ser candidato y ocupar un cargo público. Al no existir un sistema de partidos fuerte, mayores requisitos en cuanto a ser candidato, al no tomar en serio el financiamiento de las organizaciones políticas ni de las campañas electorales, hace posible que no sólo los improvisados ocupen un cargo público, sino las mafias (narcotráfico, minería ilegal, mafias de corrupción, etc) participen libremente en la vida política del país.

Hubo países que se volvieron narco estados o que estuvieron muy cerca a ello (México y Colombia por ejemplo) por, entre otras causas, su sistema de partidos políticos y el sistema electoral que involucraba el tema del financiamiento.

Es por ello que existe la necesidad de impulsar el financiamiento público de las organizaciones políticas y de las campañas electorales. Pues estamos ante una disyuntiva:

¡O aceptamos que el estado financie a las organizaciones políticas y las campañas electorales o las mafias organizadas seguirán involucrándose en la política más y más poniendo al estado y a la sociedad en riesgo!

Países con democracia más avanzada han aceptado el financiamiento público de los partidos políticos de sus campañas electorales. Felizmente el congreso peruano entendió la necesidad de que el estado financie a las organizaciones políticas, pero aún hay más que hacer. Asimismo, se le debe dar más facultades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que pueda fiscalizar efectivamente el origen y uso del dinero en las organizaciones políticas. La ONPE debe tener facultades como por ejemplo, poder eliminar la inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas de los partidos que incumplen la ley.

También se debe recortar la capacidad que tienen las organizaciones políticas para contratar con los medios de comunicación y hacer campaña electoral. Este tema está muy involucrado en nuestro análisis, pues, el 80 % de los gastos de campaña que realizan las organizaciones políticas se hacen en los medios de comunicación como los canales de televisión.

Si uno de los problemas que tenemos es que las campañas son muy costosas y el 80 % de ese gasto es de los medios de comunicación masivos, es obvio que se debe regular. Además, generaría una justicia electoral, pues no es para nada justo que tan solo por dinero, un candidato tenga 10 minutos diarios en un medio, que otro tenga como 3 horas diarias. Esto no es alguno nuevo. Muchos países, como Francia, México o Chile, limitan la capacidad de contratar de los partidos con los medios de comunicación.

El camino está señalado. Si no queremos que se repita la historia de Odebrecht, la necesidad de darle más impulso a la reforma electoral es algo de vital importancia. Hay 3 proyectos en el Congreso sobre la reforme, pero ninguno menciona las limitaciones para contratar con los medios de comunicación. Ahí hay un tema pendiente.